viernes, 4 de marzo de 2011

Ciutadans insta al Gobierno a que pare la tramitación de independencia unilateral presentada por Solidaritat


Los tres diputados autonómicos de Ciudadanos han presentado ante la Delegación del Gobierno en Madrid la instancia, anunciada el pasado lunes, pidiéndole al Gobierno que “impugne ante el Tribunal Constitucional el acuerdo de la mesa del Parlamento [autonómico] de admitir a trámite la ley de la declaración unilateral de independencia presentada por Solidaritat”, porque se vulneran “los principios constitucionales”.

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, ha recordado, a las puertas del organismo institucional, que es el Gobierno que preside José Luis Rodríguez “quién puede evitar que el Parlamento [autonómico], ilegalmente, vote la independencia y que Cataluña sea el Kosovo del Mediterráneo”. Para el diputado autonómico, “sería inconcebible que se admitiera una proposición de ley en la que Cataluña pretendiera anexionarse la Comunidad Valenciana, o que el Parlamento [autonómico] quisiera aprobar los presupuestos de otra comunidad autónoma”.

“Barbaridad jurídica y política”

Los representantes del partido liberal-progresista han asegurado que se han visto “obligados” a presentar esta instancia ante el Gobierno “porque es el único que tiene legitimidad judicial para suspender esta declaración unilateral según el artículo 161.2 de la Constitución”, ya que ni el Defensor del Pueblo ni la justicia ordinaria pueden impugnar una decisión de una mesa parlamentaria autonómica.

En ese sentido, Rivera, que ha estado acompañado de Carmen de Rivera y Jordi Cañas, ha indicado que les gustaría creer que hay un Gobierno y un presidente responsables, y que, al margen de posibles pactos políticos futuros con CiU, tanto del PSOE como del PP, pondrán freno a “esta barbaridad jurídica y política” y ha señalado que el Ejecutivo “no puede permitir que se siente un precedente” porque “si permitimos esta votación, no habrá argumentos en un futuro para impugnar futuras ilegalidades como esta”.

Una vez presentada la instancia ante la Delegación del Gobierno, el Ejecutivo tiene un plazo máximo de dos meses para dar una respuesta a la petición de suspensión de tramitación de lo acordado por la mesa del Parlamento autonómico el pasado 8 de febrero, aceptando la proposición de ley de Solidaritat pidiendo la independencia unilateral.

Fuente de la noticia: vozbcn.com

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